PERTH AMBOY, NJ- Un hombre de 54 años del municipio de Howell fue acusado de “robo por extorsión” de segundo grado, en conexión con su trabajo como un consejero de tratamiento de drogas en una clínica de Perth Amboy llamada “Journey to Wellness”.
Anthony Trimble, también gana $63.470 trabajando para el estado en una función similar dentro de la Unidad de Tratamiento Especial de la Cárcel Estatal de East Jersey en Avenel, según Craig McCarthy de NJ.com.
Según la Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex (MCPO), Trimble “exigió [una] suma de dinero no revelada el 14 de diciembre de 2016 después de que la víctima falló en una prueba de drogas”.
Trimble enfrentaría de cinco a diez años en la prisión estatal si es declarado culpable de este acto, pero al menos por ahora, es un hombre libre. Habiendo sido liberado por su propia responsabilidad, Trimble no tuvo que pasar ningún tiempo como preso en la cárcel y tampoco tuvo que pagar ninguna fianza para ser liberado.
La víctima es una persona, cuya identidad no fue revelada por los fiscales, y quien había sido condenado a tres años de libertad condicional, debiendo reportar a Trimble sobre su estado. El abogado del hombre presuntamente alertó a las autoridades.
La empresa privada, que al parecer trabaja con el sistema estatal de justicia penal, dijo a McCarthy que despidieron a Trimble después de enterarse de las acusaciones de los detectives.
Pero la situación de su trabajo con el Estado de New Jersey todavía no es clara, a más de tres semanas después de su detención.
Ellen Lovejoy, portavoz del Departamento de Servicios Humanos de NJ, no respondió a la pregunta sobre si Trimble continuó recibiendo su salario durante la suspensión. El informe de McCarthy observó que, “no estaba claro si Trimble estaba aún siendo pagado por el estado mientras permanecía suspendido”.
Estas acusaciones también han levantado preocupaciones sobre la privatización dentro del sistema de justicia penal, donde pequeñas compañías son puestas a cargo de serias responsabilidades.
“Con 1 en 5 pruebas positivas que son un falso positivo y que se deben repetir a discreción del consejero y, puesto que una prueba positiva afectaría la libertad condicional o la visita de un niño, existe un gran incentivo para que los clientes decidan pagar a los consejeros”, observó un comentarista en el artículo de NJ.com del 23 de diciembre.
“Los centros privados de rehabilitación de drogas, no se investigan de cerca lo suficiente”, concluyó el comentario.
El sitio web de Journey to Wellness es muy básico e incluye un llamado para que las personas consideren aplicar para un trabajo ahí:
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Contamos con vacantes para candidatos con una licenciatura en psicología, trabajo social, consejería, o un campo relacionado Y un CADC o LCADC para poder facilitar servicios de consejería de abuso de sustancias a hombres, mujeres, adolescentes y sus familias.
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Ofrecían los siguientes seis puntos sobre el trabajo, en su sitio web:
1. Horario flexible
2. Horas por día
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5. Apoyo y capacitación en el trabajo
6. Un ambiente de trabajo familiar
En las semanas siguientes a la noticia del arresto de Trimble, el sitio mostraba un mensaje indicando que había sido hackeado.
“Quería informarles que el sitio es vulnerable a cualquier tipo de ataque, sus archivos no están a salvo del ataque”, lee el mensaje del hacker, que al parecer lleva el nombre de “REV”.
Con un creciente número de presuntos delincuentes que aceptan acuerdos que les obligan a presentar pruebas de orina para evitar la cárcel, libertad condicional y otros programas, se encuentran confiando cada vez análisis de orina.
A veces, las pruebas de drogas queda en manos de empresas privadas como Journey to Wellness, pero incluso en casos donde el gobierno está a cargo, todavía surgen problemas similares.
La situación de Trimble es similar a la de un empleado del Tribunal del Condado de Middlesex, que trabajaba en el “tribunal de drogas” del condado y que recibió un cargo en su contra.
Rhonda Battle, otra empleada del estado que trabajaba en la sala de audiencias de la Jueza Lorraine Pullen en el Tribunal del Condado de Middlesex todavía enfrenta un juicio por acusaciones de haber tomado $200 en sobornos durante el 2014 a cambio de entregar resultados limpios en las pruebas de sustancias.
La Jueza Pullen se retiró abruptamente poco después de eso, pero ahora ella se encuentra de nuevo en la banca de la Corte Superior. El caso de Battle está aún pendiente y se ha trasladado a su Condado de origen—Unión County–para evitar la aparición de un conflicto de intereses.
La investigación se lleva a cabo por el detective Kevin Schroeck del MCPO y se describe como “activa” y “continua”. Cualquier persona con información puede llamar al detective Schroeck al (732) 745-3300.
