NEW BRUNSWICK, NJ — El nombre Diahlo Grant todavía suena a lo largo de las comunidades de New Brunswick y Franklin, a más de tres meses después de su muerte en manos de agentes de la policía.

Miembros de la familia de Grant, líderes locales y otros residentes preocupados salieron a las calles dos veces en julio para crear conciencia sobre el caso.

La particularmente reservada Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex (MCPO), y su polémico líder Andrew Carey, están a cargo de investigar la muerte de Grant.

Pero la agencia no ha hecho pública ninguna declaración más allá de las once líneas que publicaron la mañana después del asesinato.

Carey, el comandante de policía del condado desde 2013, inicialmente caracterizó el asesinato del 9 de abril como que ocurrió durante “una balacera,” pero no confirmó quién disparó primero, cuántas veces Grant fue disparado, o porqué la policía lo persiguía en un inicio.

Según Dave Hutchinson de NJ.com, los dos oficiales involucardos del Departamento de Policía del Municipio de Franklin (FTPD) debían regresar a servicio activo a partir del 24 de mayo. La oficina de Carey no ha hecho ninguna declaración pública acerca de la muerte desde el día en que sucedió.

Grant, de 27 años y originario de Jamaica, era padre de seis hijos con un séptimo niño en camino, cuando su vida fue truncada por los oficiales no identificados.

“Están diciendo que es una situación de tiroteo, pero conociendo a mi hermano, no veo por qué él se pondría en una misión suicida,” dijo Camille O’Sullivan, hermana de Grant.

Los manifestantes no pretenden saber exactamente lo que ocurrió en la noche que mataron a Grant, pero dijeron que querían ver la evidencia que el MCPO ha descubierto, incluyendo videos de vigilancia, fotografías de la policía, y declaraciones de testigos.

Tal vez sobre todo, los miembros de la comunidad desean saber qué funcionarios estaban implicados.

Desde el 16 de abril, el Franklin Reporter & Advocate, un periódico online en el municipio, ha venido haciendo un llamando a Carey para que “acabe con el silencio.”

“Preguntas acerca de la investigación – especialmente por qué está tomando tanto tiempo – han quedado sin respuesta por el Fiscal del Condado de Middlesex Andrew C. Carey, cuya agencia está encargada de la investigación. Para decirlo sin rodeos, eso es simplemente incorrecto,” escribió el periódico en un editorial.

“La falta de información no hace ningún bien,” concluyó el editor Bill Bowman.

En New Jersey, cuando una persona es asesinada por la policía estatal o del condado, el caso es investigado por la Fiscalía General de New Jersey.

Pero, cuando la policía local mata a alguien, es el fiscal del condado que tiene jurisdicción durante la investigación, a menos que y hasta que se involucren las autoridades superiores.

La riña con la policía que acabó con la vida de Grant comenzó en el Condado de Somerset, pero la matanza se produjo en el otro lado de la línea del condado, poniendo el caso bajo la supervisión de Carey.

Cuando Carey fue abordado por New Brunswick Today el 16 de junio y se le preguntó acerca del caso, él literalmente permaneció callado y luego convocó a unos policías cercanos para evitar que se le hiciera más preguntas.

Como informamos anteriormente, la oficina de Carey ha eliminado dos veces a NBToday de su lista de medios de comunicación sobre nuestra cobertura, y pidieron a la Junta de Legisladores Elegidos del condado que mantengan en secreto qué oficiales del MCPO asisten a entrenamientos públicos.

Un día antes de que Grant fue asesinado, Carey presentó una declaración de situación financiera la cual omite el hecho de que su esposa trabaja para una firma de abogados políticamente conectada, donde ella representa a la Junta de Planificación del Condado de Middlesex.

Grant fue enterrado el 25 de abril tras un servicio fúnebre en el “First Baptist Church of Lincoln Gardens,” una casa de culto dirigida por el Reverendo DeForest “Buster” Soaries, un ex Secretario de Estado de New Jersey.

Soaries previamente había elogiado la transparencia de la policía en relación con el manejo del caso de Grant, pero más tarde dio su “bendición” a las protestas en las calles.

Antes de tomarse las calles, la familia realizó una vigilia con velas y trataron de trabajar dentro del sistema para obtener respuestas.

El 16 de abril, Soaries fue citado diciendo: “El tipo de control que existe hoy en Franklin en respuesta a este tipo de incidente a diferencia de otras partes del país es en gran parte debido a la credibilidad de las personas que hacen la investigación”.

Pero, diez días después, él dijo al Home News Tribune, que la fatal balacera había sacado a la luz una preocupación sobre el comportamiento de la policía cerca de la frontera de New Brunswick y Franklin.

Como describe Suzanne Russell del Home News Tribune, “[Soaries dijo]… hay una zona en la punta de New Brunswick y Franklin, donde un grupo de personas cree que la policía es inadecuadamente agresiva.”

“Mucha gente se ha manifestado y dijeron que no están sorprendidos por esto,” Soaries fue citado. “Voy a examinar esa queja especifica en más detalle”.

Horas antes de la protesta del 21 de julio, Soaries dijo a la prensa que estaba considerando solicitar una “investigación federal” sobre las implicaciones de los derechos civiles del asesinato de Grant.

“Planeo solicitar una investigación federal en el momento adecuado, basado en temas de derechos civiles,” dijo Soaries el reportero de Franklin.

Soaries dijo que la protesta fue una “respuesta apropiada dirigida en su mayoría por jóvenes, debido a que ellos no han escuchado nada por parte de la Fiscalía.”

El asesinato de Grant también sucedió en medio de un debate nacional sobre el racismo y la violencia policíal contra la población civil.

La primera de las dos protestas en New Brunswick iniciaron directamente en respuesta a dos muertes infligidas por la policía en Minnesota y Louisiana.

La última vez que una de estas grandes protestas contra la violencia policial se llevó a cabo en New Brunswick fue en diciembre de 2014, tras la decisión de un jurado de no enjuiciar a un oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en el estrangulamiento de Eric Garner en Staten Island, el cual fue grabado por video.

“Demasiado a menudo sucede que personas de color sufren extremos fatales por las acciones de la policía,” dijo el Alcalde de New Brunswick James Cahill tras esa protesta.

“Lo que podemos hacer para asegurar que esto pase cada vez con menos frecuencia es sin duda una obligación que todos tenemos como una comunidad, como sociedad sin importar si somos funcionarios del gobierno, o agentes de policía o un ciudadano regular.”

Las dos recientes manifestaciones siguieron trayectorias similares, haciendose cada vez más grandes al incluir a cientos de personas para atraversar las calles de New Brunswick.
Los manifestantes bloquearon numerosas intersecciones para crear conciencia sobre el tema y convocaron grandes multitudes a Kirkpatrick Street, donde se encuentra la sede del MCPO.

La marcha del 8 de julio fue anunciada como una “protesta de emergencia” en respuesta a las matanzas en otras partes del país.

Originalmente programado para las 5pm, una tormenta causó una baja participación, y los organizadores dijeron a todos que regresen dos horas más tarde, reagrupándose en la esquina de la calle de Handy y Avenida Throop, a menos de 200 pies del patio trasero donde el oficial Brad Berdel del NBPD disparó y mató a Barry Deloatch en septiembre de 2011. Deloatch, un residente de la ciudad, estaba desarmado al momento del incidente.

El activista Tormal Pittman condujo la marcha, que fue apoyada por varias organizaciones como la Coalición Contra la Guerra, el brazo local de la NAACP y la Alianza de Liderazgo Latino de NJ.

La multitud creció en tamaño cuando la lluvia calmó y las nubes se separaron justo a tiempo para el comienzo de la protesta a las 19:00.

“Nos estamos empoderando a nosotros mismos… Después de terminar esta marcha tu nunca serás el mismo” dijo Pittman a la multitud entre cantos en la marcha de 2.5 millas.

Pittman guió al grupo hacia la calle Kirkpatrick, donde él planteó inquietudes acerca de Carey.

“Ellos dijeron a los noticieros que [Diahlo Grant] tenían un arma… Ahora la misma persona que dijo a los medios que él tenía un arma es la misma persona que defiende a la familia?”

“La misma persona que creó una campaña de desprestigio en los medios de comunicación, y va por el nombre de Andrew Carey.”

Pittman también dijo a la multitud que había “un fiscal racista” trabajando para Carey, refiriéndose al Asisente del Fiscal Manuel Sameiro.

Samiero fue acusado de emitir un insulto racista hacia uno de sus compañeros en el pasillo de los tribunales del Condado de Middlesex. Otro compañero de trabajo ofreció una declaración jurada en apoyo de la denuncia.

El comentario racista se convirtió en un problema para el antecesor de Carey, Bruce Kaplan, cuando el Senado Judicial evaluaba su nominación para convertirse en un Juez en 2014.

Kaplan, que en última instancia admitió que Sameiro había sido castigado con la pérdida de su condición de “líder de equipo,” pero luego volvió a ganar su status de liderazgo.

En una reorganización política, el gobernador Chris Christie había substituido a Kaplan con Carey en 2013, pero Kaplan rápidamente recibió una oferta de trabajo con la Procuraduría General y luego dentro de un año, una posición como juez del Tribunal Supremo.

Pittman dijo que se reunió personalmente con el Fiscal Carey, quien dijo que él fue “traído para a cambiar el Condado de Middlesex”.

Pero Pittman dijo a la multitud frente a las oficinas de MCPO que Carey no estaba lo suficientemente preocupado por la situación de Samiero como para proporcionar confianza de que haga justicia en el asesinato de Grant.

“Éste es el fiscal con quien estamos tratando. Esta es la persona que va a traer justicia para su familia,” dijo Pittman.

“Así que básicamente ellos dicen que no hay justicia para nosotros. La única justicia que tenemos es la que tomamos nosotros mismos. Hoy es justicia. Lo crea o no, hoy conseguimos justicia.”

Menos de dos semanas más tarde, el 21 de julio, los miembros de Back Lives Matter (BLM) capítulo Rutgers de un contingente de familiares y amigos de Grant salieron a las calles en una calurosa tarde de jueves.

La protesta fue encabezada por el Presidente de BLM Rutgers Taqwa Brookins, una residente de Franklin.

“¿Quiénes eran los oficiales?” Brookins preguntó. ¿Por qué el Fiscal del Condado de Middlesex no ha hecho pública la información con respecto al asesinato de uno de sus ciudadanos por los oficiales de policía quienes están encargados de proteger a la comunidad?

¡Sea transparente! ¡Sea transparente! gritaban los manifestantes mientras se acercaban al centro de la ciudad.

La llamada y respuesta más común empezaba con “Cual es mi nombre!” y concluyó con un rotundo “Diahlo Grant!”

Entre el grupo estaba Timothy McDougald, quien contó sobre cómo agentes de policía de Franklin mataron a su padre en 2010 y luego se burlaban de él después del incidente.

“Estoy aquí porque estoy cansado de la injusticia,” dijo McDougald, quien se ha dirigido al Consejo de la Ciudad de New Brunswick sobre temas relacionados a la policía varias veces.

Un cartel de la protesta decía, “hay más preguntas que respuestas sobre la muerte de Diahlo Grant… Cuanto más nos enteramos menos sabemos.”

La marcha comenzó y terminó en el punto de la calle Somerset donde la vida de Grant llegó a su fin.

Esta historia está aún lejos de terminar, y es posible que el caso de Grant finalmente pueda ir desde las calles hacia un tribunal de Nueva Jersey.

El 6 de julio, la familia presentó un aviso de la “demanda del agravio” que alertaba a las autoridades que ellos podrían demandar al gobierno para tanto como $5 millones.

La madre del Diahlo, Pauline Grant, firmó la notificación. La familia está representada por el abogado Cedric Ashley de Princeton.

Sin importar si la familia presenta la demanda, los problemas que son el centro de las protestas se están analizando actualmente en otros casos judiciales en todo el estado.

Por ejemplo, el tema de si la policía debe identificar o no a los agentes que usan la fuerza contra civiles fue decidido recientemente a nivel de la Corte Superior.

Como este reportero escribió en TrentonMakesNews.com, uno de los casos clave del tribunal examinaba exactamente el mismo problema en el Condado de Mercer.

En ese caso, la Juez del Tribunal Superior Mary Jacobson falló en contra el gobierno estatal y la Procuraduría, que regularmente se niega a identificar a agentes que utilizan la fuerza contra civiles, incluso cuando los matan.

Como reportamos, la Fiscalía General también ha estado luchando para mantener en secreto los videos de la policía, así como financiando la implementación de cámaras corporales en cientos de departamentos de policía.

El tema de cuándo y si la policía debe identificar los agentes que usan la fuerza contra civiles es actualmente discutido ante múltiples cortes en Nueva Jersey.

Un juez del Tribunal Superior dictaminó recientemente contra de la oficina del Procurador General (AG) de NJ en un trío de casos presentados por los defensores de la transparencia de la policía John Paff y Richard Rivera. Pero el fallo será probablemente apelada.

Rivera, un ex policía de West New York, había presentado una demanda para forzar la publicación de los nombres de los culpables en el asesinato de Daniel Wolfe de 35 años de edad y residente de Sayreville.

Wolfe fue disparado y asesinado por la Policía Estatal de Nueva Jersey mientras presuntamente conducía un coche robado en Union Township el 21 de abril de 2015. La policía ha indicado que no hay grabaciones de vídeo de la muerte a tiros y se han negado a nombrar a los agentes responsables.

Mientras tanto, el caso de Paff intentó obligar a la Oficina del Procurador General, que está investigando el caso porque se trataba de policías estatales y del condado, a identificar a los dos oficiales responsables por los disparos a Radazz Hearns, un adolescente que sobrevivió milagrosamente al ser disparado en agosto de 2015.

Antes de la controversial sentencia de Tribunal de Apelación de Nueva Jersey en Lyndhurst vs North Jersey Media Group, los informes del uso de fuerza eran considerados documentos públicos que deben hacerse disponibles por el departamento de policía local si se solicita bajo la Ley de Registros Públicos Abiertos (OPRA).

Aunque información sobre los antecedentes penales de Hearns fue filtrada ilegalmente a la prensa, la oficina del Fiscal General se negó a nombrar a los oficiales que dispararon al adolescente de 13 años.

Paff dijo a NBToday, “no lo podría soportar. Yo no podía permitir esto,” refiriéndose al caso de Hearns.

A pesar de que los medios de comunicación ya han identificado a quienes ellos creen son los presuntos oficiales involucrados en la balacera, la demanda está demostrando ser un caso de prueba fundamental para la transparencia de la policía en Nueva Jersey.

En su fallo de 79 páginas, la Jueza del Tribunal Supremo Mary Jacobson coincidió con Paff y Rivera, ordenando a la oficina del Fiscal General identificar a los oficiales que dispararon a Hearns y Wolfe.

Jacobson también encontró que la oficina del Fiscal General debe nombrar a los policías que usaron gas pimienta, gas lacrimógeno y emisores de ruido en una multitud en el evento Hot 97 Summer Jam el agosto pasado.

La sentencia marca un grave retroceso en la posición de la oficina del Fiscal General, que por lo general se niega a nombrar a cualquier oficial individual, incluso cuando ellos matan a la gente, citando preocupaciones sobre “seguridad del oficial.”

El único oficial que fue acusado de cometer un crimen en las 17 balaceras policiales ocurridas en New Jersey el año pasado fue Philip Siedle, un sargento de policía de Neptuno que disparó a su ex esposa frente a su hija de 7 años de edad.

Grant fue el segundo de seis hombres asesinados por la policía en Nueva Jersey este año, según The Guardian. Hasta el momento, ningún policía ha sido acusado penalmente en relación con los homicidios.