NEW BRUNSWICK, NJ- Benjamin S. Bucca, un demócrata de New Brunswick, fue recientemente nominado por el Gobernador republicano Christopher Christie para ser Juez del Tribunal Supremo, a pesar de que en repetidas ocasiones no ha reconocido cuando existe un conflicto de intereses.
De ser aprobado por el Comité Judicial del Senado Estatal y el pleno del Senado Estatal, Bucca pasaría de ser un abogado local de uso de tierra que acababa de perder la mayor parte de sus pensiones públicas, a garantizar un período de siete años ganando $165,000 anual por el empleo como juez.
También se convertiría al menos en el segundo aliado del ex Alcalde de la ciudad, John Lynch, Jr., a ser nominado a la Corte Suprema por Christie.
Como se informó en el 2014, el ex Fiscal del Condado de Middlesex Bruce Kaplan fue silenciosamente nombrado como juez por Christie en una jugada que sorprendió a muchos observadores, haciendo brillar una breve luz en una alianza raramente discutida entre Christie y los demócratas que manejan Middlesex.
Christie saltó a la fama como fiscal federal, en parte por haber encarcelado a Lynch, quien alguna vez fue considerado el político más poderoso de Nueva Jersey, por cargos de fraude y evasión fiscal casi veinte años después de que Lynch contrató a Bucca para su primer trabajo público.
El veterano político, a quien NJ Spotlight declaró el quinto político más corrupto de NJ de todos los tiempos, tomó un acuerdo judicial que limita su potencial sentencia y dejó a su red criminal casi intacta, excepto por su líder principal.
Agregando a la ironía está el hecho de que Bucca fue recientemente descubierto acumulando ilegalmente créditos de pensiones de su trabajo en el gobierno de la ciudad durante las últimas dos décadas, gracias a una investigación realizada por una nueva unidad de fraude y abuso creada por el mismo Christie.
Desde que asumió el cargo en la oficina más alta del estado, Christie ha intentado mantener su nombre como sinónimo de “reforma de las pensiones,” frecuentemente atacando a los empleados públicos de fraude y abuso del sistema inadecuademente financiado.
La oficina de Christie no emitió ningún comentario sobre la nominación de Bucca.
“Por qué preguntar en nuestra oficina,” respondió el portavoz de Christie, Brian Murray. “Este candidato fue inspeccionado por la Asociación Estatal de Abogados.”
Pero la Asociación Estatal de Abogados de NJ se negó a confirmar o negar que tuvo algo que ver con el proceso de nominación.
“Nosotros nunca comentamos sobre el proceso de nombramiento judicial,” dijo Barbara Straczynski, Directora de nuevos medios de comunicación y promoción en la asociación.
Diciendo que no fue posible confirmar si Bucca había sido “inspeccionado” de la asociación de abogados, el portavoz de Christie aún se negó a defender la candidatura.
“Hay un proceso completo involucrado que incluye endosos por parte de senadores de la ciudad y un candidato judicial ante los miembros de la Asociación de abogados del estado de New Jersey para revisión,” dijo Murray.
UNIDAD DE FRAUDE Y ABUSO: BUCCA ILEGALMENTE INSCRITO EN SISTEMA DE PENSIONES
En 2013, el Gobernador Christie firmó la orden ejecutiva número 138, creando la “unidad de fraude y abuso” dentro de la división de pensiones y beneficios (DPB).
“El desvío de pensiones y beneficios de discapacidad por fraude o inelegibilidad perjudica a todos, incluso a honestos pensionistas actuales y futuros y, sobre todo, los contribuyentes de Nueva Jersey que apoyan el sistema y esperan que sea justo y libre de fraude,” dijo Christie en ese momento.
Sin embargo, pocos meses antes de que Christie había nominado a Bucca para la judicatura, la unidad logró destapar una gran parte de los créditos de pensión de Bucca, así como los de otros dos abogados del gobierno de New Brunswick.
Los tres poderosos abogados se unieron a la nómina de la ciudad durante el mandato de Lynch como alcalde, antes que actual alcalde James Cahill, un primo de Lynch, asumió el cargo en 1991.
“La división aconsejó al Sr. Bucca que había determinado que su empleo con la ciudad de New Brunswick fue establecido en virtud de un contrato de servicios profesionales, y que él fue excluído de su continua participación en PERS después del 31 de diciembre de 2007,” confirmó un portavoz de DPB en 2013.
Pero, después de que la nueva unidad revisó los años anteriores de Bucca como abogado del gobierno, recomendó que la Junta Directiva del Sistema de Jubilación de Empleados Públicos (PERS) revise incluso tiempos anteriores y encontraron que Bucca se encontraba violando la ley antes de 2008.
Después de una gran lucha durante una audiencia pública en diciembre de 2015, Bucca defendió sus créditos de pensión que datan de 1992, peleó contra la Unidad de Abuso y Fraude y perdió.
Afirmando que la junta se llevó un “derecho adquirido” por él, “algo tan sagrado como una pensión,” Bucca discrepó con la consistencia de las decisiones de la Junta de PERS sobre los años e incluso el nombre de la nueva unidad.
“Etiquetar esto como fraude y abuso es francamente ofensivo para mí,” dijo Bucca. “Yo he trabajado duro… para construir una buena reputación, y luego que esto sea reportado al público, en periódicos, sitios web, y ser investigado por fraude y abuso es realmente inadecuado.”
“No sé por qué esa sección se titulaba de esa manera, y no sé por qué se confió a esa paraa manejar esto porque una cosa es segura: Nunca hubo fraude o abuso.”
El abogado de la Junta de PERS respondió indicando que el título y la misión de la unidad de fraude y el abuso vino de un decreto de Christie.
“Bueno deberían ser más cuidadosos, porque las etiquetas pueden–son motivos para ser manipulado!” dijo Bucca levantando la voz y moviendo el dedo a la junta. “No por esta junta ni nada de eso, sino por otras personas!”
“Pero no es nuestro llamado,” respondió el Presidente de la junta, desconcertado por la interrupción de Bucca.
“Usted debe hacer una recomendación para cambiar su nombre,” replicó Bucca.
INFORME DEL CONTRALOR DE 2012 ENCONTRÓ UN ABUSO FRECUENTE
Todo comenzó en 2007, cuando la legislatura de Nueva Jersey aprobó la ley N.J.S.A. 43:15A-7.2, dirigida a uno de los abusos más problemáticos del sistema de pensiones del estado: que los gobiernos municipales permitan que los proveedores de servicios profesionales como Bucca entren al sistema de pensiones del estado, incluso cuando se actúan más como contratistas independientes.
Incluso después de que la ley entró en efecto en 2008, muchos gobiernos locales la ignoraron, permitiendo que se pague pensiones a los abogados, a veces en múltiples puestos de trabajo públicos – a la vez que manejaban sus propias firmas de abogados privadas.
En 2012, el Contralor del Edtado, Matthew Boxer emitió un informe en el que encontró seis diferentes abogados para el gobierno de New Brunswick que fueron “indebidamente registrados” en PERS, en parte porque eran socios en empresas de derecho privado, y reenvió sus conclusiones a la DPB.
“En virtud del contrato anual entre [Bucca] y la ciudad, se requirió a este abogado identificar y pagar a su propio reemplazo cuando un conflicto de horarios le impida cumplir con sus responsabilidades – raramente, o nunca, la responsabilidad de un empleado típico,” dice el informe.
“Por otra parte, el fiscal que supervisa a los abogados de la ciudad en cuestión es un contratista independiente, lo que coloca la ciudad en la posición incómoda al afirmar que estos abogados son empleados de la ciudad a pesar de que son supervisados por un contratista independiente.”
NEW BRUNSWICK A MANTUVO BUCCA EN SISTEMA DE PENSIONES MUCHO TIEMPO
Bucca actualmente representa cuatro diferentes agencias públicas, incluyendo dos en
New Brunswick:
- Junta de planificación de New Brunswick
- Junta de Control de Rentas de New Brunswick
- Junta de planificación de South Brunswick
- Junta de Zonificación de Highland Park
Mientras que Highland Park trató correctamente a Bucca como un contratista independiente a través de su firma privada, South Brunswick había dejado de proveer créditos de pensión a Bucca solo cuando entró en efecto la ley de 2007.
New Brunswick, sin embargo, continuó solicitando crédito hacia una pensión de Bucca, en violación de la ley de 2007.
Tomó más de ocho años, pero en enero de 2016, la Junta de PERS finalmente votó a favor de quitar la mayor parte de la pensión de Bucca, junto con las de los abogados veteranos de la ciudad William Hamilton y el actual abogado de la ciudad TK Shamy.
“Cuando examinamos por primera vez el caso del Sr. Bucca, vimos que le fue más allá de un [contrato de servicios profesionales] a un contrato de trabajo,” dijo Kristin Bell de la unidad de fraude y abuso.
Bell dijo que su equipo revisó los acuerdos previos de Bucca y dijo que la relación “no hablaba de una relación de empleado-empleador o de una situación híbrida.”
Bell dijo a la Junta de PERS que ellos originalmente “violaron” la pension de Bucca antes cuando fue contratado primero por Lynch en 1987. Pero debido a que no había “suficiente documentación” disponible para los años anteriores a 1992, decidieron no impugnar a los primero cinco años de Bucca en la nómina de la ciudad.
Bucca, en definitiva, será reembolsado $34,035 por los aportes a su pensión desde febrero de 1992 hasta septiembre de 2015 a través de sus empleos en City Hall en New Brunswick y por un período de tres años (2005-2007) por su trabajo en el municipio de South Brunswick.
“El crédito de servicio será disminuido por 8 años y 7 meses por el período del 01 de febrero de 1992 al 31 de agosto de 2000,” confirmó un portavoz del DPB.
El 16 de marzo, la Junta de PERS aprobó la apelación de su decisión por Bucca a la oficina de derecho administrativo.
UNA AUDIENCIA PÚBLICA SUPERPOBLADA Y UNA PROMESA ROTA
En 2014, Bucca se encontraba en el punto de mira de los conservadores históricos, los defensores del gobierno abierto, trabajo organizado y el periódico New Brunswick Today después de que intentó persuadir a los opositores de un proyecto de desarrollo para salir de la sala donde estaba la Junta de Planificación para conocer sobre el proyecto.
Como reportamos en ese tiempo, una repleta sala de audiencia, llena de residentes y miembros de los sindicatos, condujo a que Bucca tomara la palabra antes de que la reunión se llamó al orden.
“Agradecemos a todos quienes asistieron, pero hay leyes que tenemos que seguir,” dijo Bucca indicando que la sala de audiencia estaba en exceso de capacidad pidó a las personas que salieran de la sala “para el bien de la audiencia.”
Pero una ley que Bucca no honraba esa noche fue la Ley Municipal de uso de tierra, que da al público el derecho a contrainterrogar a los testigos, lo que significa que no pueden ser obligados a salir de la sala y se que pierdan el testimonio de la audiencia.
Bucca pidió a miembros del público que “voluntariamente” a “renuncien” a sus asientos en la sala, alegando una violación de la ley de incendios y en un momento planteó la idea de llamar a la policía “para forzar a la gente a salir.”
Cuando un abogado que representa a varios vecinos que se oponen al proyecto se negó a la solicitud de que las personas salgan de la reunión pública voluntariamente, Bucca respondió con una pregunta extraña: “Están sugiriendo que sería productivo para traer a la policía y obligar a la gente a salir?”
Después de que quedó claro que incluso el constructor quiso dar paso, la audiencia rápidamente fue suspendida y el Director de Planificación Glenn Patterson prometió en voz alta “buscar un lugar más grande” para mantener otra reunión.
Pero luego el constructor secretamente llego a un acuerdo con uno de los sindicatos que protestaban por la propuesta y convenció al Consejo de Ciudad de dar marcha atrás en su palabra para encontrar un lugar más grande.
En lugar de eso, la Junta esperaba una multitud más pequeña y programó la audiencia para mediados de agosto.
“Cuando la Junta de planificación fue informada que las posibilidades de que el público asista a la reunión sería significativamente menor que en mayo debido a la resolución del problema laboral, se consideró que la cámara de consejo podía acomodar al público para la reunión,” dijo un portavoz de Alcalde James Cahill.
Cuando NBToday le preguntó a Bucca acerca de la ubicación de la reunión, que ya se había anunciada, Bucca pretendió no tener conocimiento: “La reunión va a ser donde la reunión va a ser,” dijo.
Pero una muchedumbre apareció otra vez en el City Hall el 12 de agosto de 2014, obligando a la junta a anular la reunión una vez más.
Los planes controversiales para construir un edificio de 52 apartamentos en Mine Street fueron finalmente puestos a votación en 2015 por la Junta de Planificación de New Brunswick, pero sólo luego de que Bucca se apartó y dejó a otro abogado a cargo del caso, como resultado de una denuncia de ética presentada por este reportero.
AUN CUANDO RU APARECIÓ ANTE JUNTA, BUCCA NO SE RETIRÓ
Desde 2003, Bucca también ha trabajado para el controversial Departamento de Atletismo de Rutgers, donde él gana más que de lo que percibe en su trabajo con el City Hall por entrenar al equipo de tenis femenino de la universidad.
Un conflicto de intereses se define como “una situación que ocurre cuando un individuo u organización está involucrada en múltiples intereses, uno de los cuales podría posiblemente corromper la motivación.”
Bucca utilizaba su posición como abogado de la Junta de Planificación para inyectar testimonio de si mismo, generalmente a favor de construcciones que su otro empleador deseaba construir.
Incluso hizo predicciones sobre el impacto de una propuesta de un estacionamiento para Rutgers, restando importancia a preocupaciones sobre el flujo de tráfico por el ingeniero de la ciudad, según una grabación de audio de una reunión de octubre de 2012.
“Yo nunca he visto estancamientos en los estacionamiento con autos tratando de salir,” dijo Bucca. “Nunca lo he notado.”
“No creo que vamos a tener ese tipo de problema, esto no es como un horario de oficina donde todo el mundo llega a las 8:30 y sale a las 5:00. No va a ser así,” continuó.
Debido a que Bucca está siendo pagado por Rutgers por sus servicios de entrenamiento, su representación en la Junta de Planificación en relación con la construcción de 17 Mine Street hizo levantar las cejas a muchos.
Un complejo de apartamentos había sido propuesto para el sitio, lote de terreno que Rutgers vendió por tan sólo $1 a la Corporación Constructora de New Brunswick (DEVCO), un desarrollador que con frecuencia entregó dinero para apoyar el equipo de Bucca.
A pesar del hecho que él regularmente solicitaba donaciones de DEVCO y su Presidente, Chris Paladino, Bucca no dejó que esto le impida representar regularmente a la Junta en audiencias donde DEVCO era solicitante.
Las donaciones de DEVCO salieron a la luz gracias a Peter MacArthur, un abogado que representa a los residentes del barrio que se opone a la construcción en Mine Street.
“Creo que existió un conflicto del interés – uno tan severo que la reconstitución de la Junta de Planificación fue necesaria,” escribió MacArthur.
Bucca y el equipo del tenis utilizaron una donación especial de DEVCO para viajar a New Orleans para tres partidos en marzo de 2014, apenas cuado los planes para la construcción en Mine Street se llevaban a cabo en la Junta de Planificación.
En enero de 2015, Bucca dio vaarias explicaciones a la Junta de Ética por representar a la Junta de Planificación incluso cuando escuchó sober las denominadas solicitudes “Sección 31” presentadas directamente por Rutgers.
Bucca, sostuvo que, debido a que Rutgers es una entidad de gobierno estatal, la Junta de planificación se “transformó en un Consejo Asesor” y como resultado, “no había problemas legales.”
En esas audiencias, donde su otro empleador fue el solicitante, Bucca explicó, “realmente yo no me veo como el Abogado de la Junta porque realmente no existe la necesidad de un Abogado de la Junta en ese tipo de aplicaciones.”
“Ellos pueden construir lo que quieran”, dijo Bucca de su otro empleador. “Aunque estaba sentado a la mesa, no di ningún concejo.”
“Un conflicto es una área muy importante para nosotros como abogados”, Bucca le había dicho a la Junta de planificación en septiembre de 2014, añadiendo que la Corte Suprema había recientemente bajado el estándar para un conflicto de intereses de “la apariencia de algo impropio,” a lo realmente inapropiado.
Pero en la audiencia de ética unos meses después, Bucca descubrió que realmente estuvo limitado por una norma diferente, más estricta que la que originalmente él pensaba.
“Tengo que decir que [el caso de la Corte Suprema sobre la ética fiscal] me guió,” dijo Bucca.
Recientemente en diciembre de 2015, Bucca todavía representaba la Junta de Planificación de la ciudad en situaciones donde hubo la aparición de un conflicto.
Bucca dio información falsa a la Junta de Planificación sobre la relación entre la Universidad de Rutgers y el Hospital Universitario Robert Wood Johnson cuando el hospital se presentó ante la Junta.
Bucca negó que el hospital fue el principal hospital de enseñanza para la escuela de medicina de Rutgers, afirmando que Rutgers fue simplemente “un anunciante” que apoya al atletismo en Rutgers.
LA HERENCIA EMPAÑADA DEL EX ALCALDE JOHN LYNCH, JR.
Recientemente en 2012, Christie todavía refería a la Organización Demócrata del Condado de Middlesex como una organización corrupta.
“Como sabe, nosotros enviamos al Senador Lynch a la cárcel cuando yo era fiscal de los Estados Unidos. El sheriff Spicuzzo ahora está bajo procesamiento,” Christie dijo en respuesta a una pregunta sobre un escándalo que involucra los fondos de caja negra usados para evitar las leyes del estado.
Spicuzzo, un político sin experiencia en aplicación de la ley, mantuvo su cargo por más de 30 años, pero pasó más de dos años en prisión por la venta de puestos de trabajo de investigación en la agencia policial del condado.
“Ésta es una organización corrupta que el asambleísta [Jon] Wisniewski y el Senador [Bob] Smith manejan en las sombras,” dijo Christie, mencionando a uno de los miembros del Comité Judicial del Senado que decidirán sobre el nombramiento de Bucca.
Para asegurar el nombramiento a un término de siete años en el tribunal, Bucca necesitará solamente ganar siete de los 13 miembros del comité, y después asegurar la aprobación por lo menos de 21 de los 40 senadores del estado.
El hecho de que Bucca está asegurdao para ser entrevistado por el comité el 14 de julio es indicativo del hecho de que todos los senadores cuyos distrito incluye una parte del condado de Middlesex han renunciado su derecho no escrita, conocida como cortesía senatorial, para bloquear el nombramiento.
Senador Sam Thompson, el único republicano que representa Middlesex, dijo que se encontraba indiferente por la conexión de Bucca con Lynch.
“Él pudo haber estado cerca de John… Si tu querías hacer algo, había que tratar con John. Para conseguir cosas los Republicanos y los Demócratas tienen que trabajar juntos, ” dijo Thompson.
Thompson también recordó un tiempo, hace muchos años, cuando Bucca fue” un buen republicano.”
LYNCH CAE SOBRE SU ESPADA, AISLANDO SU RED
Mientras el caso de Christie contra Lynch se desarrollaba, parecía brevemente que su condena y encarcelamiento podrían conducir a la caída de la máquina política que sigue dominando New Brunswick estos días.
“Hoy en día, una época de corrupción y tráfico de influencias para el beneficio personal ha llegado a su fin,” le dijo Christie a la prensa el 15 de septiembre de 2006, después de que Lynch había admitido a aceptar sobornos en secreto a través de una consultora que había establecido con su socio de negocio Jack Westlake, un antiguo miembro de la Junta de Impuestos del Condado de Monmouth.
Después que se dictó la sentencia de Lynch, el futuro Gobernador tenía palabras aún más fuertes para otros funcionarios que pueden haber estado sirviendo para nada bueno.
“Si hay algunos funcionarios por ahí que piensan que son más inteligentes que John Lynch, más fuerte que John Lynch o más poderoso que John Lynch, entonces déjen tengan su oportunidad de cometer actos delictivos también,” dijo Christie. “El asunto es que con el tiempo, nosotros los agarraremos.”
Pero Christie, cuyo equipo había amenazado con presentar cargos de extorsión contra Lynch, le pintó como la cabeza de una red criminal, pero en última instancia, ofreció a Lynch un trato que no podía rechazar.
Después de que Lynch fue condenado, el Star-Ledger mencionó palabras fuertes sobre el ex Alcalde de la ciudad, llamándolo el “rey del acuerdo escondido,” así como “el maestro del acuerdo individual” y “un matón extraordinario.”
Lynch en última instancia admitió haber tomado $25,000 en sobornos y a no haber reportado $150,000 de ingresos antes de pasar casi tres años en la cárcel. Él fue obligado a pagar una multa de $50,000 por corrupción.
Westlake admitió no haber reportado $350,000 en ingresos. Fue multado con $30,000 y condenado a tres meses en prisión.
Pero, pocos días después de la sorprendente elección de Christie para la oficina principal del estado, Lynch fue liberado desde un hogar de transición, y según algunos, sigue siendo el principal jefe político de Nueva Jersey Central.
BUCCA, LYNCH, Y UNA MINA DE LA ARENA EN SOUTH BRUNSWICK
El acuerdo que envió a Lynch y Westlake a la cárcel federal estuvo sospechosamente ligado a Bucca.
Los fiscales parecían tener su selección para procesar a Lynch para las aprobaciones aseguradas para varios proyectos de construcción que aparecían gozar de un tratamiento favorable; el mismo que Lynch fue declarado culpable de haber involucrado a South Brunswick, la misma ciudad donde Bucca sirvió como el fiscal de la junta de planificación.
Específicamente, Lynch admitió usar su puesto como Senador del Estado para inlfuenciar al Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey a favor de la empresa Dallenbach Sand, una operación de extracción de arena de South Brunswick que buscaba la aprobación para ampliar su operación.
“Esto no fue un breve error de juicio o un error de una sola vez,” escribió el Fiscal Adjunto de EEUU Jeffrey Chiesa. “El demandado Lynch ha admitido representar un cuidadosamente planeado esfuerzo de aceptar pagos corruptos en secreto a cambio de su habilidad para influir la acción oficial del estado.”
Christie parecía tener su selección de qué caso utilizar para acusar a Lynch como parte de un acuerdo favorable, y escogió a acciones ilegales de Lynch para apoyar a Dallenbach, una empresa privada que se mantenido extrayendo arena desde 1925.
Lynch aceptó lo que ascendió a sobornos por parte de la empresa, lo cual describió como “honorarios de éxito,” para asegurar aprobaciones del gobierno usando su influencia.
En una entrevista, Lynch describió su papel como “coreógrafo.”
Los pagos se observaron entre marzo de 1998 y febrero de 2002, justo en el tiempo en que Bucca representaba la Junta de Zonificación de Ajuste del municipio mientras que también manejaba dos problemas de zonificación complicadas relacionadas con la mina Dallebach.
Según un artículo de julio de 2000 escrito por Charles Kim, Bucca decidió seguir adelante con el testimonio de uno de los temas a pesar de las preocupaciones de al menos uno de los miembros de la Junta sobre un potencial conflicto de intereses derivado de una demanda.
“Tengo problemas para la continuar la audiencia esta noche con esta pregunta abierta,” fue citado el miembro de la Junta Barry Nathanson.
“Todos los profesionales están aquí” Bucca fue citado como diciendo en el momento, agregando que no hubo “ningún detrimento legal” para escuchar el testimonio.
Después de años de idas y venidas, con Bucca representando a la Junta de Planificación y su aliado Lynch recogiendo sobornos, Dallenbach aseguró las dos aprobaciones que buscaban por parte de la junta de uso de tierra.
