NEW BRUNSWICK, NJ— Dos hombres han sido acusados y otros cuatro se han declarado culpables hasta ahora como resultado de las detenciones que fueron dirigidas a una red de venta de drogas y armas la cual involucró el Inspector de Vivienda de la ciudad.

Tanto Paul Cano, un residente de New Brunswick que es dueño de cuatro propiedades de alquiler, así como el Inspector de Vivienda Michael Mahony, llegaron a acuerdos con los fiscales y fueron declararon culpables de cargos criminales. Pero sólo uno irá a la cárcel.

El acuerdo de Mahony con los fiscales le permitió evitar la cárcel, a pesar de su presunta posesión de 11 onzas de cocaína cuando la Policía Estatal paró su vehículo público en Milltown a pocos días de la Navidad de 2013.

Después de que diez hombres fueron arrestados en las redadas, entre ellos tres empleados públicos, Cano fue acusado de jugar un papel de liderazgo en una organización que vendió grandes cantidades de cocaína y armas ilegales.

La Policía Estatal denominó a la investigación “Operación: Cortina de Humo” y anunciaron que incautaron un total de 22 armas ilegales, 14 armas legales, 1.5 kilos de cocaína, 12 onzas de MDMA, 2 libras de marihuana, varias otras drogas ilegales, y una camioneta perteneciente a Cano.

Cano fue declarado culpable de distribución de primer grado de cocaína y posesión de un rifle de asalto el 23 de marzo, según un portavoz de la Oficina del Fiscal General.

“Recomendaremos que sea sentenciado a 10 años de prisión estatal, incluyendo 3 años y medio de inhabilitación de libertad condicional,” dijo el portavoz, Peter Aseltine.

El único problema es que la sentencia de Cano se sigue retrasando. Originalmente establecida para agosto, la sentencia fue silenciosamente movida al 21 de septiembre, y después al 16 de noviembre.

Luego fue programada para el 1 de febrero 2016, casi un año después de que Cano fue declarado culpable y más de dos años después de su arresto. Aseltine no ha mencionado quién es el juez para el caso, o cuando se llevará a cabo la sentencia.

Según una fuente interna, Cano vendía regularmente cocaína al Inspector de Vivienda, Michael Mahony y a muchos otros clientes en sus dos propiedades vecinas en George Street #151 y #153.

Cano también es propietario de casas de alquiler en la calle 370 Delavan, y 397 de la calle Sanford, de acuerdo con registros de la propiedad.

La escandalosa relación entre el propietario y Mahony, el hombre que supervisaba al personal que inspecciona sus propiedades, fue sólo una de los varios motivos por los que la redada fue inusual.

“Los crímenes que involucran distribución de drogas y armas de fuego ilegales son siempre una prioridad, pero este caso es más importante por dos razones: empleados públicos estaban involucrados y esta actividad ilegal puede haber estado sucediendo durante muchos años,” dijo el coronel Rick Fuentes, Superintendente de la Policía Estatal de New Jersey.

Mahony, finalmente renunció a su cargo en octubre de 2014.

Apenas unas semanas después de su acuerdo judicial, Cano enfrentando las más graves consecuencias fue acusado en lo que las autoridades llamaron un “caso aparte.”

Gaetano Barone manejaba un restaurante en Cranbury Township, a media hora aproximadamente al sur del epicentro de donde operaba la red de drogas y armas, que se estaba localizada en New Brunswick, Milltown, North Brunswick, y Franklin.

“Barone ha sido acusado de un caso totalmente aparte,” explicó Aseltine. “Aunque él fue detenido al mismo tiempo que los acusados de la “Operación Cortina de Humo” y fue incluido en el comunicado de prensa de la Policía Estatal, él no fue considerado como parte de esta red criminal.”

Después de que la policía lo arrestó, ellos dijeron que habían encontrado la “mayoría” de las drogas y las armas dentro de la tienda, Cranberry Gourmet Cafe.

Presuntamente, los detectives incautaron cocaína, marihuana, MDMA, droga de prescripción (PLD), esteroides, un arma de fuego, y ropa de contrabando de la cafetería.

Tres días más tarde, Barone fue rescatado de la cárcel, donde permaneció recluido bajo una fianza de $250,000.

La acusación de 6 de abril de 2015 contra él incluye cargos de dos delitos de primer grado: distribución de cocaína y posesión de cocaína con intención de distribuir. También incluye cargos de segundo grado como: conspiración, posesión ilegal de un arma de fuego, posesión de un arma durante el cometimiento de un delito, y posesión de un arma sin autorización.

Algunas fuentes dijeron a New Brunswick Today que los clientes de la red de drogas habían incluido agentes de policía y otros funcionarios públicos, algunos de los cuales no fueron enviados a prisión o nunca fueron acusados en absoluto.

Mahony fue el primero en llegar a un acuerdo con la fiscalía. Evitó la cárcel y fue sentenciado a libertad condicional, pero fue excluido del empleo público después de que fue declarado culpable de un delito de drogas de tercer grado en febrero.

Desde entonces, Michael Vitanza, un empleado del departamento de obras públicas en North Brunswick, llegó a un acuerdo con los fiscales y mantuvo su puesto de trabajo después de haber sido sentenciado a libertad condicional por un cargo de cuarto grado.

Otro hombre acusado de delitos mucho más graves, pero sin ningún empleo público en riesgo, ha llegado a acuerdos con la fiscalía también, según las autoridades.

Frank Kinelski,un nativo de Milltown que vive en Franklin Township, fue declarado culpable el 9 de febrero de 2015- seis semanas antes de la declaración de culpabilidad de Cano – del delito de tercer grado de distribución de cocaína.

La Oficina del Fiscal General no dijo cuál sería la pena recomendada para Kinelski.

Su sentencia también se ha sido retrasada varias veces, y fue programada para el 6 de diciembre de 2015.
John Meerbaugh de North Brunswick no ha adoptado ningún acuerdo, por lo que los fiscales aseguraron el veredicto de un jurado investigador estatal en su contra el 25 de junio de 2015.

Meerbaugh enfrenta cargos de primer grado por distribución de drogas, de segundo grado por conspiración y tercer grado por posesión de una sustancia peligrosa controlada.

Mientras tanto, las agencias policiales estatales y del condado han proporcionado información contradictoria sobre quién está a cargo del enjuiciamiento de los otros cuatro acusados, incluyendo un despachador de Oficina del Sheriff del Condado de Middlesex.