JERSEY CITY, NJ – Algunas de las ciudades más grandes del estado están siguiendo la iniciativa de New Brunswick sobre el problema de robo salarial.
En Julio de 2015, el Concejo Municipal de Jersey City aprobó por unanimidad una ordenanza anti-robo salarial que permite a las autoridades suspender o negar licencias de funcionamiento de negocios a aquellos propietarios que se encuentran cometiendo robo de salarios.
Esta se convierte en la quinta ordenanza de este tipo a ser adoptada en el estado de New Jersey, después de los esfuerzos sin precedentes realizados por New Labor and Unity Square para investigar y exponer el problema, presionando así por una adecuada legislación local en New Brunswick.
Dichos movimientos impulsaron a las autoridades de New Brunswick para que llegue a ser la primera ciudad en New Jersey que vincule la renovación de licencias de funcionamiento al cumplimiento de las demandas salariales pendientes que posea una empresa o negocio.
Las víctimas del robo de salarios se habían quejado de que, a pesar de que el gobierno estatal encontró sus acusaciones legítimas, aún era difícil conseguir que los empleadores paguen lo adeudado sin un incentivo.
La nueva ley, que finalmente se aprobó el 18 de Diciembre de 2013, constituye el incentivo necesario para que dichos empleadores pongan en regla los reclamos de robo salarial.
Este modelo ha demostrado ser uno de los pocos ejemplos de cómo los gobiernos locales pueden generar cambios estructurales en beneficio de los grupos más vulnerables de sus comunidades e incentivar el debate a un nivel más alto.
El robo salarial se refiere a la retención ilegal de salarios o la negación de beneficios que son legítimamente adeudados a un empleado por un trabajo ya realizado, dentro de los términos del acuerdo entre empleado y empleador y la ley estatal y federal.
Este es un problema que ha afectado en gran medida a los trabajares en New Jersey, especialmente a aquellos con bajos salarios e inmigrantes. Ejemplos comunes de robo salarial incluyen, la falta de pago de horas extras o remuneraciones menores al salario mínimo, también incluyen violaciones como deducciones ilegales en los salarios, o simplemente no pagar a los trabajadores en absoluto.
En el verano de 2013, Unity Square y New Labor llevaron a cabo un estudio en la zona de Unity Square en New Brunswick, con el objetivo de evaluar la prevalencia de este problema.
En los resultados del estudio se encontró que “uno de cada seis hogares ha experimentado robo salarial dentro de los últimos dos años” y que “la mayoría (85%) de los hogares son incapaces de reclamar estos salarios robados.”
Estas formas de explotación, no solo violan los derechos de los trabajadores, sino que también ponen a los empleadores y propietarios de negocios que las cometen en una injusta ventaja frente a sus competidores, quienes tratan a sus empleados de acuerdo con la ley.
Los esfuerzos realizados en la ciudad de New Brunswick contra el robo salarial, cumplieron con el objetivo de crear conciencia entre las autoridades de ciudades vecinas quienes no esperaron para tomar acciones en sus respectivas comunidades.
Princeton fue la segunda ciudad en tomar medidas para combatir este problema en Julio de 2014, aprobando una ordenanza similar a la de New Brunswick.
En 2015, tres ciudades más se han unido a la lucha para poner un alto a esta práctica irresponsable.
Highland Park, la pequeña comunidad vecina al norte de New Brunswick, aprobó una ordenanza anti-robo salarial en Junio. Y en Julio, las dos ciudades más grandes del estado, Newark y Jersey City siguieron los mismos pasos.
Dichas regulaciones han sido elaboradas siguiendo el modelo preliminar adoptado en New Brunswick.
El robo salarial es un problema que prevalece en el Garden State, esto se evidencia en la creciente preocupación de las autoridades, activistas y ciudadanos por abordar este tema a nivel local, no solo en comunidades pequeñas, sino que ahora también en las ciudades más grandes.
Con cinco regulaciones locales vigentes a la fecha, los defensores de estos esfuerzos creen que estas acciones deberían ser vistas como una señal de que es momento de tomar medidas a nivel estatal.
Antes de aprobar la histórica ordenanza, el Concejo Municipal de New Brunswick envió una resolución llamando a tomar acción por parte del estado en este tema.
La propuesta de ley -#A1317- incluía una “provisión de licencia, junto con el acceso ampliado al proceso de quejas de los trabajadores y sanciones más severas” según un reporte de NJ Spotlight.
Este proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Trabajo de la Asamblea en Enero de 2012, pero no se tomó ninguna acción al respecto. Luego, se volvió a presentar ante la misma Comisión en Enero de 2014, pero todavía no ha sido programado para audiencia o introducido al Senado.
Antes de que el proyecto de ley sea puesto en marcha, probablemente se necesitará la participación activa de todos los miembros de la comunidad, incluyendo a empleadores y propietarios de negocios, con el fin de erradicar efectivamente estas prácticas ilegales desde su raíz.
