TRENTON, NJ—reguladores estatales aprobó medidas el 19 de mayo que permiten que Verizon puede seguir adelante con los planes a elevar sus tarifas del servicio de telefonía fija tradicional por más que 36% en los próximos 5 años.

La agencia, conocida como la Junta de Servicios Públicos (BPU), también votó a favor de eliminar la supervisión del gobierno sobre los servicios de telefónica fija a través del estado en 2020.

La votación afecta a regulaciones de precios sobre el servicio residencial básico de teléfono, de una sola línea de servicio telefónico de negocios, los cargos no recurrentes para la conexión residencial servicio e instalación, y los servicios de asistencia de directorio residenciales.

Los opositores a la medida expresaron su preocupación de que Verizon utilizaría la autorización por el BPU para aumentar a las tarifas a los servicios de telefonía fija y que van a desmejorar los estándares de calidad de servicio de telefonía fija. A lo larga, probablemente conduce a una eliminación total de la línea fija de cobre y alambre servicios.

Alrededor de medio millón de residentes, muchos de ellos en el sur de Jersey, ancianos, o de clases obreras, dependen de los servicios de telefonía fija solamente.
El acuerdo fue aprobado por el BPU en una votación de 4-0.

El quinto miembro, Upendra Chivukula, ex asambleísta que representó a Nueva Brunswick durante más de una década, se excusó de la votación debido a un posible conflicto de intereses.

“Potencialmente no habría habido una violación ética si se hubiera considerado el asunto,” un portavoz de la BPU dijo a New Brunswick Today. “Probablemente tiene que ver con la realidad de que él era un asambleísta y puede haber patrocinado la legislación o tomado contribuciones de [Verizon].”

Chivkula desempeñó como Presidente de la Asamblea de Telecommunicaciones y utilidades desde 2010-2015, así como el Vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional y Preparación Estatal de 2014-2015.

Chivukula menudo había sido un crítico de la BPU, argumentando que debería ser más transparente con sus audiencias y la forma en que hace negocios.

Los registros públicos muestran que la industria de las telecomunicaciones, y Verizon, en particular, fue uno de los mayores partidarios financieros de Chivukula.

Verizon estaría de acuerdo para limitar las tarifas de un “período transicional de cinco años.” Los servicios básicos telefónicos residenciales actualmente cuestan $16.45 al mes, y en el marco del nuevo acuerdo, Verizon sólo podrían aumentarlo por $6 en los primeros cinco años.

Un portavoz de la empresa dijo que las regulaciones estatales han obstaculizado la capacidad de Verizon para permanecer competitivos con otros proveedores de servicios que no están obligados a seguir dichas normas, y que el acuerdo de la BPU haría “nivelar el campo de juego.”

Una desregulación total sería entonces entrará en vigor en 2020, lo que permitiría a Verizon para establecer precios a niveles que dicen será dictada por las fuerzas del mercado.

Verizon estaban presionando por la relajación de las regulaciones de precios de línea fija desde hace varios años, con Verizon lanzando esfuerzos de desregulación fracasados dentro de la Legislatura del Estado en ese tiempo.

El alcalde de Upper Pittsgrove Township, Jack Cimprich, contacto al BPU antes de la votación del 19 de mayo, expresando su preocupación por los efectos negativos que el acuerdo podría tener sobre la calidad de los servicios de línea fija.

Portavoz de Verizon Lee Giercynsk aseguró al South Jersey Times que los servicios no serían desreguladas, sino que se “reclasifican como servicios competitivos… lo que significa es que tenemos más flexibilidad para realizar cambios en la fijación de precios sin la aprobación del BPU.”

Giercynsk señaló además que el BPU conservan su autoridad para devolver los servicios de nuevo a tasas competitivas en cualquier momento, y refutado la preocupación de que el acuerdo podría afectar la calidad de servicio para sus clientes”.

Pero los opositores no permanecieron convencido, preocupados de que las tasas subirían mucho más que lo obreros y ancianos podían permitirse.

“El término reclasificacion es una palabra elegante para desregular” dijo Stefanie Brand, Directora de la División de Tarifas de New Jersey, al South Jersey Times.

Añadió, además, que le preocupaba que el acuerdo tendría un impacto negativo, los residentes de las comunidades rurales, personas mayore, los residentes de bajos ingresos, muchos de los cuales dependen a los servicios de telefonía de línea fija.

La División de Asesoría Tasa de New Jersey fue una de las entidades estatales que se habían ofrecido para negociar con Verizon en algunas de las desregulaciones que la empresa deseó.

Brand dijo a NJ Spotlight después de que la noticia del acuerdo BPU-Verizon vino como “un golpe para nosotros”, y que muchas partes no tuvieron parte en las regulaciones privadas.

Alrededor de medio millón de residentes de New Jersey todavía dependen de líneas fijas de Verizon para su servicio de telefonía básica.

Después que Huracán Sandy causó daños significativos a la infraestructura de Verizon, la empresa se negó a restaurar su línea de cobre tradicional en algunas zonas cercanas a la costa de Jersey, en lugar ofreciendo a instalar un nuevo sistema inalámbrico para su cliente.

“El final es que Verizon siempre quiere salir del servicio de telefonía fija, ” dijo el alcalde de Piscataway Brian Wahler. “Tenemos una gran cantidad de áreas, sobre todo en el sur de Jersey, donde los funcionarios se quejan de problemas de calidad de servicio. ”

Senador Estatal Bob Smith, quien también es oriundo de Piscataway, dijo a PolitickerNJ que, “Es necesario que haya un poco de supervisión legislativa con el BPU,” comparando el acuerdo de Verizon con un acuerdo impopular para resolver las reclamaciones por daños significativos recursos naturales contra ExxonMobil por una fracción de la cantidad que había sido buscado.

En las semanas previas a la votación BPU, la División de Asesoría Tasa impulso a la Junta a mantener a raya cualquier acuerdo con Verizon. La División citó un informe de 2012, que señalaron que 17 de 20 estados con los servicios de teléfono desregulados vieron aumentos de tarifas para los clientes.

Las Obras de Comunicación de América, AFL-CIO, que representa a unos 1,500 trabajadores de Verizon en New Jersey, también escribió una carta a la BPU instando a sus miembros a rechazar la propuesta, escribiendo que era “malo para las personas mayores”.

Dena Mottola Jaborska, el director de la organización de New Jersey Acción Ciudadana, reiteró muchos de los argumentos en contra del acuerdo.

“Los consumidores se verán gravamente afectados, especialmente los ancianos, los discapacitados y los pobres.”