NEW BRUNSWICK, NJ –

En tanto que el servicio de agua de la ciudad trabaje a restaurar su reputación después de un encubrimiento costoso, los cambios aplicados están resultando a ser costosos y ahora el coste se extiende a los negocios y a los residentes en la ciudad, y también a Milltown y Franklin.

Después haber sido acusado con cargos de archivar informes falsificados para ocultar situaciones donde la gente debería haber sido avisada a hervir el agua en siete distintas ocasiones, la ciudad tomó un prestado de más de 6 millones de dólares y el servicio de agua se sometió a un acuerdo controvertido de la privatización.

En el primero de enero, las tasas del sistema de agua y alcantarillado, incluyendo los “cargos mínimos trimestrales” por ambos servicios, se incrementaron por un 5%. Es un incremento de tasas que es previsto de repetirse en 2016 y 2017. En comparación, tasas de agua incrementaron hasta un 2%, 3% y 4% en el período de los tres años anteriores.
Dos días antes, las ordenanzas para aumentar las tasas fueron aprobadas ante un pequeño grupos de personas, el 31 de diciembre, en la reunión de ayuntamiento.

Actualmente, la familia media de cuatro paga 190 dólares por trimestre o 760 dólares anualmente por los servicios de agua e alcantarillado, según los oficiales.

Ahora esas familias pagaran 38 dólares adicionales en 2015, 80 dólares adicionales en 2016 y 120 dólares adicionales en 2017, con acuerdo a las nuevas tasas. 

Al finales de 2017, la familia media pagará 238 dólares adicionales en sus facturas de aguay alcantarillado.
Según el portavoz del Alcalde James Cahill, el acuerdo de privatización es uno de los factores responsables por el aumento de tasas.

“Las razones por el incremento incluyen varias cosas, incluyendo el coste de los productos químicos y la energía necesaria en las operaciones diarias en la planta, los continuos mejoramientos a gran escala que están en curso, el contrato del agua Estadounidense, el coste de agua natural, el servicio de la deuda de la ciudad y costes de personal, incluyendo pensiones y beneficios de salud,” indica Jennifer Bradshaw, la portavoz de Cahill.
 

Cahill no mencionó el encubrimiento, el acuerdo de la privatización o el aumento de tasas, pero sí reconoció las constantes inversiones en la infraestructura de los servicios públicos, en su reciente Estado de la Ciudad discurso.

“El Servicio de Aguas de New Brunswick continuará su proyecto de renovaciones a gran escala para seguir aumentando fiabilidad y eficiencia de nuestro sistema de agua”, dijo Cahill durante el discurso del 2 de enero.

“Esas actualizaciones mejoraran la eficiencia de nuestro sistema y permitir la continuación de una producción altamenta cualitativa para nuestros residentes”, según Cahill.

 

El Administrador de Negocios, Thomas Loughlin, defendió el acuerdo en la reunión del ayuntamiento cuando Cahill estaba ausente.

“Esperamos unos aumentos de costes en nuestro servicio de deuda. Hemos hecho unos préstamos significativos para mejorar la capital de los proyectos recientes,” dijo Loughlin. “Se espera incrementas en productos químicos y energía. Esperamos un leve incremento del Abastecimiento de Agua por el coste de agua natural.

“Estaría sin duda de acuerdo con la idea de que este año, 2014, cambió la rutina”, informó Loughlin, quien dirigió la impresa en crisis durante más de cinco años. Eso es cuando los encubrimientos fueron reportados por primera vez.

Ciertamente, en 2014 se vio las consecuencias del encubrimiento, la partida del Director Frank Marascia, la adquisición de los servicios públicos por el alcalde James Cahill y el acuerdo polémico que quiso entregar ciertos aspectos del servicio público. También la contratación del nuevo Director de Aguas, Alexei Walus, quien fue aprobado por el ayuntamiento de New Brunswick, sin conocerse.

Desde entonces, Loughlin ha escapado cualquier tipo de ordenanzas o castigos oficiales del encubrimiento que ocurrió cuando él ocupó ese puesto. Un empleado distinto quien también dirigió el plan de tratamiento del agua por décadas aun enfrenta una suspensión de la licencia, una multa y quizás cargos penales del encubrimiento que se hizo público en noviembre 2013.

“Cada año, las cosas suben…normalmente las cosas suben”, según Rebecca Escobar, la Presidente del Consejo. Escobar defendió los tres años en cual las tasas anuales aumentaron el 5% y también fueron aprobadas unánimemente por el Consejo conjunto de cinco miembros.

A comienzo de este año, mientras la ciudad obtuvo millones de préstamos para arreglar el envejecimiento de la Planta de Tratamiento del Agua y las estaciones de bombeo, su Director de Aguas se preparaba para abandonar du puesto de trabajo y para tomar un trabajo con la misma empresa privada que más tarde se pondrían a cargo.
 

Cuando el Director Frank Marascia decidió dejar su empleo, el Alcalde James Cahill se esforzó de una manera reservada y exitosa para privatizar algunas de las funciones del servicio público bajo un acuerdo que podría aumentar el coste a los contribuyentes a más de 868,000 dólares durante 12 meses o más.

Después de Marascia dejar a su trabajo, Keith Smith rápidamente seguir sus pasos y dejó su puesto después de solo seis meses. Su decisión dejó a la agencia sin un operador autorizado.

El Alcalde Cahill administró el servicio público en julio y rápidamente firmó un contrato provisional con NJ American Water.

Este contrato estaba en efecto mucho después de un plazo de 45 días de había caducado. Los miembros del Consejo y el público no fueron notificados sobre el acuerdo hasta después de que se firmó.

Al principio, funcionarios de la ciudad discutieron un acuerdo de 2-3 años con American Water, luego un acuerdo de 1-2 años y finalmente un acuerdo de 1 año que se finalizaría cuando legue a su conclusión.

En septiembre, el Consejo votó unánimemente para aprobar un acuerdo de 868,000 dólares con la empresa de Voorhees, después de supuestamente sufrir presiones para actuar del Departamento del Estado de Protección del Medio Ambiente.

Los adversarios del trato fueron bastantes exitosos in su esfuerzos de reducir la privatización, pero fueron negados el derecho de hablar durante una audiencia pública donde el ayuntamiento ratificó el acuerdo inicial de privatización de 45 días en julio.