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Subalguacil Permanece en Silencio al Circular Rumores Sobre la Ejecución de una Orden de Arresto en su Casa

Fuente: La Ejecución de la Orden fue Suspendida en la Residencia de Kevin Harris en Piscataway
Subalguacil Harris
Subalguacil Kevin Harris Charlie Kratovil

PISCATAWAY, NJ- Funcionarios del Condado han permanecido en silencio ante las denuncias de que el subalguacil Kevin Harris dijo a la unidad de fugitivos del Departamento de Alguacil que se "retiren" cuando estaban a punto de ejecutar una orden de arresto en su propia casa.

Se rumorea que el incidente alrededor de la orden, supuestamente, autorizando la detención de un pariente de Harris con la misma dirección de Piscataway, también dio lugar a una nueva política que requiere la aprobación de los supervisores antes de que los funcionarios trabajen en órdenes de arresto "fuera de condado."

"Al final del día, todos los investigadores fueron convocados a una reunión en donde se acordó en una regla que indica que ciertas órdenes que vienen fuera del Condado no pueden ser ejecutadas sin permiso," dijo una fuente interna a Nueva Brunswick Today.

La fuente explicó que los investigadores habían estado preparados para ejecutar la orden de arresto para Karen Court en la casa de Harris, pero luego se contactaron con el despacho después de notar la placa del vehículo en la entrada.

"Cuando los investigadores buscaron la matrícula del vehículo en la calzada, esta devolvió información sobre el Alguacil Harris y la misma dirección," dijo la fuente. "El despacho transfirió la llamada al Jefe [Suboficial Candice] Burgess, quien luego pasó al Subalguacil."

"El Subalguacil les dijo que detengan la ejecución de esa orden y que la persona ya no vive en esa dirección."

"No tengo ningún comentario sobre eso," dijo Harris cuando se le preguntó si hubo una orden de arresto en su dirección. “El Subalguacil envió un email en la mañana.”

Sheriff Mildred Scott, una demócrata que también es oriunda de Piscataway y quien contrató a Harris para esta posición de alto rango, ha mantenido silencio ante las preguntas sobre el incidente.

Ambos se encuentran en un grupo exclusivo de funcionarios, que reciben salarios públicos y pensiones públicas al mismo tiempo.

Este es el más reciente escándalo del Departamento de Alguaciles del Condado de Middlesex, el cual fue dirigido por Joseph Spicuzzo por tres décadas antes de ser condenado por recibir sobornos a cambio de contratar personas para trabajar en la agencia de policía.

"Primero, tengo toda la confianza del mundo en nuestro fiscal y nuestro alguacil," dijo el Director de la Legislación Ronald Ríos, frente a las acusaciones realizadas en la reunión pública del 17 de marzo.

Ríos desvió las preguntas, diciendo que el alguacil y el fiscal son "oficiales constitucionales" a quienes él no supervisa directamente.

"No puedo forzarlos a hacer algo, para cambiar la política. Depende de ellos el manejo de sus oficinas," dijo Rios al público. "Nosotros presupuestamos sus departamentos y esa es la medida de nuestra responsabilidad.”

"Si usted quejas sobre el fiscal o el alguacil, le sugiero que vaya a la Procuraduría General."

"Usted tuvo toda la confianza del mundo en el anterior alguacil?" preguntó este reportero, capturando a Rios con la guardia baja.

“Bueno usted sabe que, no puedo responder por cosas que hizo el alguacil anterior. Yo no puedo responder esas preguntas," dijo Ríos, quien se unió a la Junta de Legisladores en 2008. "Si él fue condenado por un delito, él fue encontrado culpable, y pagó su pena según la ley del estado y los procesos.

Scott, quien busca la reelección este año, fue el sucesor elegido a dedo de Spicuzzo, y ha sido acusado de tomar represalias contra los oficiales que delataron a Spicuzzo.

Oficiales del Departamento de Alguaciles del Condado de Middlesex proporcionan seguridad a los juzgados y transportan prisioneros, pero un grupo de unos 20 "investigadores" en su mayoría ejecutan órdenes de arresto para personas que están en mora con los pagos de manutención de niños.

Todos los investigadores fueron contratados directamente por Scott o su predecesor condenado, fuera del sistema de Servicio Civil.

Por su parte, la Suboficial Candice Burgess se negó a responder las preguntas sobre el incidente.

"Esta oficina no puede confirmar ni negar la veracidad de su declaración," escribió Burgess en un correo electrónico. "Como se le ha recomendado anteriormente, cualquier solicitud dirigida a esta oficina debe realizarse en la forma de una solicitud de documentos específicos."

"Lamentablemente, su solicitud de confirmación de la información no cumple con este requisito."

El 7 de marzo, Nuevo Brunswick Today, preguntó cómo y cuándo nos aconsejaron de esta regla poco ortodoxa. Burgess todavía no ha respondida a la pregunta.

Recientemente, el 24 de agosto, NBToday envío por correo electrónico algunas preguntas al Alguacil Scott y recibió una respuesta por escrito del mismo Alguacil.

Scott, una ex oficial de policía y Legisladora del Condado de Middlesex, está en el último año de su segundo periodo de tres años como alguacil del condado. Ella enfrentará a por lo menos un Republicano y quizás otros contendientes Independientes en las elecciones de noviembre.

Luego de la última oportunidad para comentar sobre los alegatos contra el segundo a bordo de su departamento, Scott no respondió.

Burgess, en su última oportunidad de confirmar o negar los hechos, reiteró su negativa a proporcionar cualquier información que no es "un documento específico."

"Cualquier solicitud de información debe ser en forma de un documento específico bajo [la ley pública de registros abiertos de NJ]," escribió Burgess. "Si usted está buscando un documento específico en relación con un incidente, o detención, por favor vuelva a enviar su solicitud en el formato correcto."

"La falta de información de la oficina del Alguacil es inquietante," dijo Walter Luers, el líder de la Fundación de Nueva Jersey para el Gobierno Abierto y un abogado que se especializa en la ley OPRA. "Los alegatos, si es bien es cierto, reflejan exactamente el tipo de favoritismo y trato especial que socava la credibilidad de la aplicación de la ley y la fe del público en la capacidad de la aplicación de la ley para ejecutar sus funciones de forma justa."

"Además, estas alegaciones injustamente empañan a la gran mayoría de oficiales de policía que ejecutan sus funciones limpia y justamente cada día," continuó Luer. "Debe llevarse a cabo una investigación, y transmitir los resultados al público.

Nota del editor: Walter Luers en la actualidad representa al autor de este artículo en varias demandas relacionadas con la ley OPRA.