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Trabajadores Del Servicio de Agua de la Ciudad Condenados ​​a Aceptar Sobornos para Bajar Facturas

Otro Caso De Corrupción En New Brunswick Que Involucra Al Asediado Servicio de Agua
Ortiz y DeBonis
William "Billi" Ortiz y Joseph "Gordo" DeBonis NJ Attorney General's Office

NEW BRUNSWICK, NJ—El Buró Contra la Corrupción de la División de Justicia Criminal del estado logró presentar acusaciones contra dos trabajadores veteranos el 29 de septiembre.

Los dos funcionarios públicos acusados, el lector de contadores William Ortiz y el registrador Joseph DeBonis, los dos de 55 años  de edad, han trabajado con el utilidad de agua de la ciudad desde los años 90.

"Ortiz y DeBonis aceptaron sobornos para manipular las cuentas, comenzando de la lectura hasta las bases de datos donde se originan los cargos de las cuentos de los usuarios", dijo Elie Honig, la Directora de la División.

Las autoridades creen que el dúo "conspiró para reducir las cuentas  de los clientes del agua y del alcantarillado" aproximadamente 90% a cambio de un soborno de $4,200, y también solicitaron un soborno de  $1,000 "en cambio para reemplazar el medidor de agua del cliente por un medidor defectuoso que no se registraba el consumo de agua."

La acusación fue determinado por el resultado de la acusación presentado por los Vicefiscales Generales Anthony Robinson y Samantha McCluskey ante un gran jurado. Las acusaciones significan que la mayoría de los 23 miembros del gran jurado decidieron que había suficiente evidencia para enjuiciar a los acusados.

"Ortiz y DeBonis tenían el deber de asegurar que los clientes de agua recibieran facturas apropiadamente basado en lecturas precisas del medidor de agua, pero alegamos que ellos solicitaron sobornos corruptos a cambio de falsificar facturas y lecturas de medidores", dijo el Fiscal General Christopher Porrino.

La declaración del fiscal general sobre un "medidor defectuoso" apodado "el ladrón" parece respaldar las alegaciones reportados anteriormente por New Brunswick Today sobre el uso de medidores defectuosos como una manera de ayudar a ciertos clientes ahorrar ilegalmente en sus facturas.

Ese reporte llevó al Departamento de Policía de New Brunswick (NBPD, por sus siglas en inglés) a asegurar una orden de registro controversial para incautar a un medidor de agua de la oficina de este periódico.

Tanto Ortiz como DeBonis enfrentan un posibles juicio donde tiene que enfrentar los siguientes cargos:

. Conspiracion (2do grado)
. Conducta Impropia (2do grado)
. Soborno en cuestiones oficiales y políticos (2do grado)
. Alteración de registros públicos o información (3er grado)

Si los declaran culpables, cada de los cargos de segundo grado podría llevar entre medio de cinco y diez años de prisión estatal, incluido un período mandatorio de cinco años de inelegibilidad para la libertad condicional, y una multa de hasta $ 150,000..

EL cargo de manipulación es castigable con una pena de tres a cinco años de prisión, incluido un período de dos años de suspensión de la libertad condicional, y una multa de hasta $ 15,000.

La acusación de cuatro cargos establece que los supuestos crímenes de los funcionarios datan de "en o alrededor de Agosto 15 del 2014" y continuaron hasta "en o alrededor de Noviembre 23 de 2016".

DeBonis, quien a menudo ocupaba la recepción de la oficina de servicios en el sótano del Ayuntamiento, había estado con la Ciudad desde 1994 y, según los informes, le pagaban $ 42,108 por año.

De acuerdo con la declaración del fiscal general, "Ortiz supuestamente arregló las reducciones de la factura a través de DeBonis, que tenía acceso como empleado más antiguo de cuentas a la base de datos de agua y alcantarillado de la ciudad".

Aunque figura en la lista de "reparadores de la estación de bombeo" en los registros oficiales de la ciudad, la posición de William Ortiz consistió principalmente en trabajar con los miles de medidores de agua de la ciudad.

Según los informes, ganó un salario de $46,864 por año y ha trabajado con la ciudad desde 1998.

El alcalde James Cahill dijo que ambos hombres "permanecen suspendidos sin pago en respuesta a nuestro aviso de dar por terminado su empleo, cuyo proceso debe esperar hasta la conclusión del proceso penal".

Ambos tienen múltiples miembros de la familia trabajando en puestos públicos dentro de las instituciones de la ciudad. 

DeBonis tiene un hermano que es detective en el NBPD, mientras que Ortiz obtiene favores de sus tres hermanos en el gobierno local, incluyendo Benito Ortiz, miembro del junto de educación.

No es la primera vez que el Fiscal General del estado ha investigado las irregularidades cometidas en la New Brunswick Water Utility (NBWU).

En 2015, la agencia asediada vio a su operador de la planta, a quien fuera operador de la plante de tratamiento por mucho tiempo, encarcelado por encubrir problemas con el agua potable sobre el transcurso de varios años.

El servicio provee agua potable a New Brunswick, Milltown y partes de Franklin Township.

En más de media docena de ocasiones entre 2010 y 2013, O'Rourke falló de notificar a los reguladores y al público sobre problemas con el agua potable que debía haber provocado que se notificara a los usuarios que deberían hervir el agua.

O'Rourke también admitió haber fallado de hacer pruebas requeridas de contaminantes en el agua y falsificar documentos para encubrir el crimen.

Estas atroces violaciones, que llevaron a una rara condena de corrupción pública, ocurrió mientras que la ciudad estaba sin un Director de Aguas Potable calificado.

En 2007, el alcalde Cahill le pidió al administrador de negocios Thomas Loughlin III de aceptar el cargo de Director Interino de Agua Potable después de que el anterior Director, Shawn Maloney, abruptamente se quitó la vida en medio de una investigación federal sobre un plan de sobornos y esquema de devolución.

Cahill puso a Loughlin a cargo al frente del servicio de una forma "temporal" que duró más de cinco años.

El servicio ha estado objeto a múltiples escándalos en años recientes y pasó por varios directores efímeros -incluyendo el alcalde mismo en dos ocasiones distintas- en 2014 y 2015, los mismos años en que operó bajo un controversial acuerdo de privatización con New Jersey American Water.

Desde que la historia del encubrimiento de la calidad del agua se salió a la luz por primera vez, la ciudad ha aumentado los fondos asignados a NBWU para los proyectos de mejora capital para llevar la infraestructura de la utilidad a buenas condiciones después de años de mantenimiento diferido.

Pero también ha repetidamente elevado las tarifas que los dueños de casa y los negocios pagan por su agua, como hemos informado.

Esta vez, la investigación del estado se enfocó en la división de facturación utilitarias.

Los casos del Servicio de Agua han atraído una gran atención y han sido testigos de algunas vueltas asombrosas de los eventos.

Primero, el caso condujo a un desempolvamiento entre la policía de la ciudad y este periódico sobre un medidor de agua que nos dio una fuente anónima que alegaba que era parte de uno de las estafas de Ortiz.

La policía de la ciudad, con la bendición de un juez del Tribunal Superior, incautaron el medidor de agua que este periodista alegaba que podría estar relacionado con las estafas de Ortiz.

El uso de una orden de registro, a diferencia de una citación judicial, ejecutó una falta que violaba una ley federal aprobada en 1980 pasada para proteger a los medios de comunicación y sus fuentes.

La reacción fue feroz entre la comunidad periodística, con varios medios de comunicación de gran tamaño cubriendo la historia, y la Sociedad de Periodistas Profesionales de NJ condenando a la policía de la ciudad por su extralimitación.

"Es la naturaleza del periodismo que reporteros a veces reciben información filtrada. A veces ese material es ilegalmente obtenido por un tercero. Sin embargo, eso no lo hace ilegal que los periodistas lo usen", escribió la organización.

"En el caso de New Brunswick, la 'información filtrada' es un viejo medidor de agua. Al llamar al viejo medidor de agua 'propiedad robada', la policía de New Brunswick encontró un pretexto que les permitió usar el sistema judicial para amordazar a Kratovil ".

Tensiones rapidamente se incrementaron entre la ciudad y este periódico, y el gobierno empezó a ser más secretivo sobre sus problemas en el asediado departamento del servicio, al igual que cualquier problema involucrando a empleados de la ciudad.

Los casos contra DeBonis y Ortiz fueron eventualmente transferidos fuera del condado de Middlesex debido por lo menos a un conflicto de intereses, pero sólo después de que NBToday hizo que conociera el problema.

Inicialmente, los casos fueron asignados al Juez Benjamín Bucca, quizás el único juez del Tribunal Superior en el estado que trabajó para la Ciudad de New Brunswick por más tiempo que los dos acusados.

Benjamin Bucca se convirtió en Juez del Tribunal Superior el verano pasado después de ser nominado al prestigioso puesto por el Gobernador Chris Christie.

Como informamos, el juez Bucca había demostrado "un patrón de no reconocer cuando había un conflicto de intereses" durante su tiempo como abogado de la Junta de Planificación de New Brunswick, pero eso no le impidió obtener el trabajo o inicialmente ser asignado a este importante caso para su empleador anterior.

"Usted necesita conectar los puntos", escribió una fuente anónima, que nos envió una carta al apartado de correos #3180 en New Brunswick.

"La esposa de William Ortiz es la secretaria del Juez Craig Corson, Yolanda Ortiz", continuó el escritor. "¿Por qué es este caso en el condado de Middlesex donde todos están vinculados al partido demócrata y la esposa del acusado trabaja para un juez en el mismo juzgado?"

Antes de que él fuera asignado al condado de Middlesex, Corson hizo los titulares en Mercer por su propia violación de las libertades de prensa, como éll famosamente emitió una orden no constitucional para prohibir a The Trentonian publicar información encontrada en documentos judiciales que le fueron entregados a Isaac Avilucea, uno de sus reporteros.

La orden fue eventualmente anulada, y Avilucea presentó una demanda de $1 millón contra la Oficina del Fiscal General por perseguir la orden maligna con mala fe.

Mientras tanto, los casos del Servicio de Agua finalmente fueron transferidos al condado de Union el 10 de febrero, el mismo día en que New Brunswick Today Show reportó los rampantes conflictos de interés.

Esa mañana, le preguntamos a la Oficina del Procurador General si intentarían sacar el caso fuera de Middlesex, pero se negaron a comentar.

"No tenemos ningún comentario", dijo Peter Aseltine, un portavoz de la Oficina de Fiscal General. "No hay nadie con quien puedas hablar. Envié tu correo electrónico a la oficina que maneja el caso".

Finalmente, el caso fue transferido del condado de Middlesex, pero no por el conflicto de Bucca. Según fue reportado, la transferencia fue debido al problema que involucraba la esposa de Ortiz.

TapInto New Brunswick's Jack Murtha reportó que "la oficina de asignación criminal transfirió sus casos al tribunal del condado Union en Elizabeth al saber que Ortiz está relacionada con un 'empleado judicial' de Middlesex", citando al gerente de la división criminal del tribunal del condado de Middlesex.

"[El gerente de la división criminal] dijo que la naturaleza de la relación entre Ortiz y el miembro del personal judicial no identificado es confidencial", informó Murtha.

El anunciamiento de acusación del 29 de Septiembre marcó la primera vez que el Procurador General ha comentado sobre el caso, quien ha estado en proceso desde al menos el noviembre de 2016.

Los nuevos detalles ofrecidos, sin embargo, no muestran todos los detalles del
caso, o cómo explican los investigadores vinieron a dar cuenta de la corrupción en primer lugar.

El anuncio público del Fiscal General sobre el caso no menciona al tercer acusado que silenciosamente admitió su culpabilidad en Septiembre 7. Jesús Blandón-Hurtado se declaró culpable de un cargo único: "Ofrecer beneficios ilegales a funcionario público por el comportamiento oficial". (2C: 27-11)

Blandon-Hurtado, el intermediario del soborno de un propietario para quien él trabaja, fue sentenciado a libertad condicional, y probablemente evitará la prisión si coopera con la procuraduría.

Los tres hombres fueron acusados ​​el 28 de noviembre de 2016, según las quejas. No parece que ninguno de ellos haya sido arrestado.

El Ayuntamiento de New Brunswick -y no la Oficina del Fiscal General- fue primero en anunciar los cargos por hacer público las suspensiones en un comunicado de prensa del 3 de Diciembre de 2016. La ciudad después refirió todas las preguntas al departamento de policía local, quien a cambio remitió todas las preguntas a la Oficina del Fiscal General.

Durante la mejor parte de un año, la Oficina del Fiscal General se negó a ofrecer cualquier información que no estaba incluida en las quejas hasta el 29 de septiembre, cuando las acusaciones fueron entregados.

Ni la declaración de la ciudad o la declaración del Fiscal General mencionaron al otro acusado ni revelaron las identidades de los propietarios que se beneficiaron de los mayores descuentos comprados con sus sobornos.